Denuncian “falsas fiscalías” mexiquenses: pierden pruebas y no siguen protocolos por feminicidio

Imagen tomada de OCNFeminicidio México.

María Fernanda Rico Vargas fue asesinada el 18 de abril de 2014, cuando tenía 25 años. Las huellas en su cuerpo mostraban que había luchado por su vida, que su muerte no se trató de un suicidio, sino de un feminicidio. Su madre Silvia Vargas Velasco denuncia que las autoridades omitieron pruebas elementales y no ejercieron las investigaciones correspondientes, lo que derivó en la no detención de los presuntos responsables. El mismo año en el que Fernanda fue asesinada, el actual fiscal Alejandro Jaime Gómez Sánchez ocupó el cargo de Procurador General de Justicia del Estado de México.

La madre de Fernanda exige al funcionario ponerse a trabajar junto con el resto de las fiscalías que están a su cargo, y a las que calificó como “falsas fiscalías” por solo simular las acciones de trabajo y hacer promesas sin dar resultados. “Nos dan el beso, nos dan una palmadita en la espalda y váyase a su casa a seguir llorando”. Sin embargo, Silvia asegura que contrario a lo que esperarían las autoridades, ella, -como otras madres-, sigue luchando y sale a las calles para exigir la justicia que sus familiares necesitan.

La señora Silvia compartió su testimonio durante el Foro: Negligencia y omisión del Estado de México frente al Feminicidio, que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México. Ahí se reunieron familiares de jóvenes víctimas de feminicidio en la entidad y se presentó el Informe de feminicidio del Obsevatorio Nacional del feminicidio de 2014 a 2017, en el que se analiza y documenta el problema de este tipo penal en el Estado.

La coordinadora del Observatorio, María de la Luz Estrada, destacó que no se ha logrado reducir el número de niñas desaparecidas y mujeres violentadas pese a la implementación de la Alerta de Género y la instalación de mesas de trabajo en la entidad. Detalló que del año 2014 a 2017,  2 mil 413 mujeres fueron asesinadas, de las cuales solo el 17% se investiga como feminicidio, sin significar que estas investigaciones hayan concluido como tales, pues en muchos casos se re-clasifican como homicidios o suicidios.

Las autoridades pierden material probatorio y no aplican perspectiva de género que plantea el tipo penal. Incluso pretendían retirar la Alerta de género, sin haber comprobado un cambo mínimo positivo en la vida de las mujeres, explicó la coordinadora.

Por su parte, la maestra Adriana Rubio Mendoza dijo que los protocoles deberían usarse para acreditar el crimen por razones de género de manera científica, y así contar con las herramientas necesarias que deriven en la detención de los victimarios. Por el contrario, resulta alarmante cómo se está capacitando a las personas encargadas de estas diligencias. Señaló que no basta con la tipificación del delito, sino que se deben seguir los protocolos señalados.

Por si fuera poco, Ana Yeli Pérez Garrido integrante del Observatorio, añadió que después de que las mujeres son asesinadas de formas brutales, se convierten en objeto de campañas de difamación, justificación y revictimización de parte de las autoridades.